Cuando la discriminación se hace ley
Hay palabras que abren camino. Palabras que, a base de repetirse en tribunas políticas, redes sociales, tertulias y titulares, dejan de provocar rechazo, se normalizan y acaban convirtiéndose en políticas públicas. Este 2026, en la Comunidad Valenciana hemos atravesado una frontera especialmente preocupante. Las Cortes han aprobado los primeros presupuestos de una comunidad autónoma que regulan por ley la llamada “prioridad nacional”, una exigencia de Vox asumida por el Partido Popular que introduce criterios vinculados en el arraigo en el acceso a determinadas políticas sociales y de vivienda. Un paso que evidencia hasta qué punto postulados que hace solo unos años identificábamos con la extrema derecha han conseguido penetrar en las instituciones y trasladarse de las palabras a las normas.
No es una cuestión meramente semántica. Detrás de conceptos aparentemente neutros como “prioridad”, “arraigo” o “preferencia” hay una determinada manera de establecer quién puede acceder a los recursos públicos y en qué condiciones. El debate sobre la inmigración ha dejado, por lo tanto, de situarse únicamente en el terreno de los discursos para entrar de pleno en el de los derechos. Y esto ocurre en un contexto en que la desinformación racista e islamófoba continúa encontrando en determinados discursos políticos e institucionales un potente altavoz.
Las palabras importan también cuando deshumanizan. Lo hemos comprobado este verano después de la llegada de miles de personas en Ceuta. Un representante institucional llegó a hablar públicamente de “cazar” y “pescar” personas migrantes, unas declaraciones que el Ministerio de Igualdad trasladó a la Fiscalía para que estudiara si podían ser constitutivas de un delito de odio. Mientras tanto, OBERAXE detectó 9.590 mensajes de odio en redes sociales solo durante los dos días de mayor afluencia en Ceuta. En agosto, los contenidos racistas y xenófobos monitorizados crecieron un 76%, con las personas migrantes y de origen norteafricano entre los principales grupos señalados. Cuando desde las instituciones se habla de personas criminalizándolas cómo si fueron una amenaza, una invasión o algo que se puede “cazar”, no estamos solo ante una elección desafortunada de palabras. Estamos contribuyendo a construir un marco desde el cual una parte de la sociedad deja de ser percibida como sujeto de derechos.
Es precisamente aquí donde el periodismo tiene una responsabilidad enorme. Y donde el análisis que presenta este año el Observatorio Sense Tòpics resulta especialmente pertinente. Porque hay una contradicción que continuamos sin resolver: las personas migrantes son objeto permanente de la información sobre inmigración, pero raramente son protagonistas. Hablamos de ellas, pero pocas veces con ellas. Sus voces continúan prácticamente ausentes de las informaciones que afectan directamente sus vidas, mientras políticos, instituciones, fuerzas de seguridad u organizaciones interpretan la realidad en nombre suyo. Y cuando aparecen, demasiado a menudo lo hacen desde un enfoque victimista, asistencialista o criminalizador más que como personas titulares de derechos y fuentes legitimadas para explicar su propia realidad.
Esta invisibilización tampoco afecta todas las personas migrantes del mismo modo. El análisis apunta a la consolidación de un imaginario que establece, de manera más o menos explícita, una jerarquía entre una migración percibida como próxima, aceptable o “integrable” —en la cual encajan con más facilidad las personas procedentes del Sur y el Centro de América — y otra construida como problemática o amenazante. En esta última representación encontramos especialmente las personas marroquíes y las personas negras procedentes de la África subsahariana.
La paradoja es especialmente reveladora; están infrarrepresentadas como personas y sobrerrepresentadas como problema. Aparecen cuando hablamos de Ceuta, de pateras, de frontera, de menores migrantes sin referentes familiares, de conflicto o de inseguridad. Desaparecen, en cambio, como trabajadoras, vecinas, familias, profesionales, estudiantes, creadoras o ciudadanía organizada. Conocemos el fenómeno que protagonizan, pero muy pocas veces conocemos la persona. Y esta selección también construye realidad.
No se trata de esconder los problemas ni de sustituir los estereotipos negativos por una representación idealizada de la migración. Esto tampoco sería periodismo. Se trata de contextualizar, contrastar y diversificar las fuentes; de no convertir el origen, el color de piel o la religión en una explicación implícita de los comportamientos; de diferenciar inmigración de delincuencia y situación administrativa de peligrosidad; y, sobre todo, de preguntarnos quién habla, quien queda fuera del relato y por qué.
Hay, afortunadamente, algunos brotes verdes. Periodistas y determinados medios empiezan a incorporar otras fuentes, otras historias y una mirada más vinculada a los derechos humanos, especialmente desde las secciones de sociedad. Es todavía una tendencia incipiente, pero necesaria, que intenta compensar una contradicción que merece una reflexión profunda dentro de la profesión. Mientras unas páginas tratan de explicar la complejidad de las migraciones, otras —especialmente las de información política— continúan reproduciendo de manera prácticamente literal declaraciones racistas, xenófobas o deshumanizadoras de representantes públicos. Informar que alguien ha pronunciado unas palabras no nos exime de contextualizarlas, contrastarlas ni explicar las consecuencias. La literalidad no siempre es neutralidad.
Y todavía hay otra pregunta incómoda que este Observatorio nos invita a plantearnos: ¿Quién decide desde dónde cuentan los medios la inmigración? Las rutinas profesionales importan, pero también las líneas editoriales, los intereses empresariales y la propiedad de los medios. El proceso extraordinario de regularización que se analiza en este páginas ofrece un ejemplo especialmente interesante. Una iniciativa nacida de la movilización de colectivos de personas migrantes y organizaciones sociales consiguió más de 700.000 firmas y llegó al Congreso de los Diputados y Diputadas, donde su toma en consideración obtuvo 310 votos a favor y solo 33 en contra. Dos años después, aquella presión de la sociedad civil ha contribuido a impulsar un procedimiento extraordinario de regularización. Resulta revelador observar como una misma realidad puede ser presentada como una cuestión de derechos e inclusión, una necesidad social y económica o, en el extremo contrario, una amenaza. Analizar la información sobre migraciones exige, por lo tanto, mirar también los marcos editoriales y empresariales desde los cuales se construye.
El trabajo que el periodista Vicent Canet desarrolla en estas páginas nos aporta datos y ejemplos para mirar críticamente nuestras propias rutinas profesionales. Su análisis permite identificar patrones, ausencias y enfoques que a menudo pasan inadvertidos en el vértigo de la actualidad y nos ayuda a poner el espejo ante la profesión, no para señalar culpables, sino para detectar sesgos, revisar prácticas y hacer mejor periodismo.
Desde la Unión de Periodistas Valencianos y CEAR València mantenemos precisamente ese compromiso. En un momento en que la desinformación racista e islamófoba circula con enorme facilidad, en que determinados discursos deshumanizadores han conquistado espacios institucionales y en que la discriminación puede acabar convertida en política pública, defender un periodismo riguroso, independiente y respetuoso con los derechos humanos es también defender la calidad de nuestra democracia.
Porque ante la construcción del otro como una amenaza, el periodismo tiene una responsabilidad esencial. Poner contexto, verificar, desmentir donde hay prejuicio, datos sesgados donde hay desinformación y personas donde otras solo quieren que veamos un problema.
Lorena Tortosa Guerrero
Miembro de la Comisión ejecutiva de la Unió de Periodistes Valencians.
