Este año, volvemos a analizar la llegada a las costas, principalmente a las Canarias, ya que durante los últimos meses se han producido -de manera deliberada y organizada por ciertos sectores políticos, de la ciudadanía y medios de comunicación- un gran aumento de los discursos de odio y noticias falsas con contenido racista vinculadas al incremento de llegadas de personas en Canarias y la reubicación equitativa de personas adolescentes no acompañadas en diferentes comunidades autónomas del Estado español.
Hace 30 años, la llegada de la primera patera a las costas canarias marcó el inicio de una ruta mortal que, lejos de detenerse, ha continuado cobrando vidas en el transcurso de estas tres décadas. Aquel primer viaje simbolizó la desesperación de personas que, sin alternativas seguras ni legales, se vieron obligadas a lanzarse en el mar desde el continente africano en busca de un futuro mejor. Miles de personas han muerto y desaparecido en esta travesía cada vez más transitada y peligrosa. En lo que va de 2024, en la ruta atlántica en Canarias han muerto más de 1.200 personas. Esta ruta es la puerta de entrada para muchos niños, niñas y adolescentes que, según ACNUR, conforman el 13% de las personas migrantes llegadas a las costas canarias.
En el caso de las niñas, las razones por las cuales se ven obligadas a huir son diversas, pero en un reciente estudio de ACNUR, el 35% señalaba que se debía principalmente a cuestiones de género: matrimonios forzosos, mutilación genital y abuso sexual, entre otros. El caso de los niños es igualmente preocupante, puesto que contrariamente al discurso que acostumbramos a escuchar, el 54% de los cuales habían tenido que salir de sus países lo habían hecho por violencia, persecuciones o amenazas graves contra su vida. Ante el aumento de llegadas de personas migrantes a Canarias en 2020 ya se puso en evidencia la necesidad de responder de manera ágil y garantista ante situaciones de emergencia, así como contar con una estructura estable de acogida humanitaria digna.
El incremento de desplazamientos actual tiene que ver con la ausencia de alternativas en su entorno. La inestabilidad en el Senegal y la guerra en Mali han provocado un aumento en las llegadas de estas personas en las Islas Canarias. España impone desde el 28 de agosto de 2024 un nuevo visado de tráfico aeroportuario a las personas procedentes de Mauritania. El país pasa a formar parte de una larga lista que incluye a países en conflicto como Mali, Siria o Palestina, a la cual hace poco más de un mes se sumaron también Sudán y el Chad. La experiencia de los últimos treinta años ha demostrado que la obsesión por el control de fronteras, la externalización, los visados de tráfico y el enfoque utilitarista de la cooperación fracasan. Los desplazamientos de población no disminuyen, solo se hacen cada vez más peligrosos y cuestan más vidas.
El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que entró en vigor el 11 de junio de 2024 ha fracasado estrepitosamente en su objetivo de conseguir una mayor armonización normativa y establecer un reparto más equitativo de las responsabilidades de asilo. El objetivo prioritario es impedir que las personas lleguen y, si llegan, expulsarlas lo más rápido posible.
El nuevo Pacto apuesta por un mecanismo de solidaridad a la carta o flexible, con el cual los países europeos pueden financiar proyectos en terceros países destinados al control migratorio, en lugar de garantizar un sistema de reubicación obligatoria que ponga en el centro la protección de las personas. Desde CEAR mostramos también una enorme preocupación por la ficción jurídica de no entrada, con la cual se pretende considerar que una persona no ha llegado a la UE hasta que lo autorice el estado miembro, independientemente de su presencia física en territorio europeo, lo cual vulneraría el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros tratados internacionales. Este nuevo sistema puede convertir las fronteras europeas en espacios de no derechos, en los cuales se normalizan condiciones de acogida deficientes y un uso excesivo de la detención y privación de libertad. Además, entre otros, se generalizarían los procedimientos de asilo acelerados, basándose en la presunción que la mayoría de las personas que llegan a la UE no tienen necesidades de protección, lo cual impide un estudio individualizado de las solicitudes, como exige el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
A causa de la complejidad e interrelación de la nueva legislación se ha establecido un periodo transitorio de dos años para la implementación de este Pacto Europeo. Desde CEAR hemos presentado una serie de propuestas dirigidas al gobierno de España para asegurar que el Plan Nacional de Implementación se elabore desde un enfoque garantista, solidario y centrado en la protección de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, y con pleno respecto al derecho internacional y los derechos humanos.